La Administración Pública tiene la obligación de indemnizar aquellos daños que sufre una persona como consecuencia de una actuación de la Administración. Por ejemplo, los daños producidos por negligencias médicas, o por accidentes causados por el mal estado de los semáforos. Para reclamar contra ella, hay que distinguir cuándo los daños se producen por la Administración como institución o como personal que presta sus servicios a ella.

En el primer caso, el recurso de plantea contra la Administración. Cuando se obtiene la resolución, si no se está conforme, se puede volver a recurrir en reposición o por la vía contencioso administrativa o judicial. En el segundo caso, la Administración indemniza a los perjudicados por los daños provocados por su persona. Después, puede iniciar un nuevo procedimiento contra la persona que provocó los daños para exigirle la responsabilidad.

En cualquier caso, recurrir contra la Administración es una tediosa labor. Para ello existen despachos de abogados especializados en estos trámites, como el nuestro en Zaragoza, cuya labor es actuar en nombre del interesado. Si necesita asesoramiento y representación legal, no dude en visitarnos, años de experiencia avalan la profesionalidad de nuestros abogados, que se ocuparan de su caso con la mayor dedicación.